Aspirante Número 26

Lermit Rosell Puche

Quién soy?

Soy un venezolano padre de familia con tres hijos, que ha estado comprometido con la izquierda revolucionaria desde los años 80.

Participé en las luchas estudiantiles de la época en contra del paquete neoliberal, que pretendía privatizar la educación superior, como líder estudiantil del la Universidad del Zulia.

En ésta, obtuve el título de Odontólogo y entré al año siguiente como profesor instructor de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, en la cual llevo 23 años de carrera docente a nivel de pre y posgrado desempeñándome en la actualidad como Profesor Asociado de la misma.

He dedicado gran parte de mi vida al estudio. He realizado posgrado desde el nivel de especialización, pasando por Maestría y Doctorado, en diferentes universidades nacionales e internacionales como la Universidad de La Habana Cuba. He sido representante profesoral en varias oportunidades del cogobierno universitario de la Universidad Central de Venezuela ante el Consejo de Facultad. He coordinado diferentes proyectos de extensión universitaria en la Facultad de Odontología y a nivel central, entre los cuales puedo destacar la Coordinación Académica del Proyecto Gran Colombia y el Grupo de Relaciones Interinstitucionales Efectivas llamado Grupo Salud en los años 90.

Fui el Coordinador Nacional del Programa de Formación de Gestión en Salud Pública de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la cual tuve la oportunidad de trabajar con comunidades caraqueñas en diferentes barriadas de la capital, al igual que en diferentes partes del territorio nacional. Como Coordinador Nacional impulse procesos de evaluación curricular y mejoramiento de la calidad institucional, con el propósito de profundizar en un currículo más consustanciados con la realidad nacional.

He sido asesor del Consejo Nacional de Universidades CNU, para la elaboración de reglamentos y leyes para el sector universitario, al igual que he fungido como evaluador de proyectos de creación de nuevas universidades, facultades y carreras profesionales. He sido asesor igualmente para el desarrollo de Planes de Gestión, de diferentes instancias administrativas en la Universidad Central de Venezuela, como por ejemplo el Centro de Estudios del Desarrollo CENDES y en diferentes Vice Rectorados.

Tengo una trayectoria de investigación en las Ciencias Sociales, principalmente en la línea de la gestión universitaria y en los actuales momentos soy responsable del proyecto de investigación y además tesis doctoral, acerca de las repercusiones de los procesos de evaluación institucional intentados en la UCV. en los años noventa.

1. Qué propongo a nivel general ?

Propongo establecer a través del contacto directo y cotidiano con las organizaciones de base del circuito 2 del Estado Miranda, un programa de gestión consensuado y sustentado en las necesidades sentidas de estas comunidades y convertirme en el porta voz de este sector ante la Asamblea Nacional, para la consecución de las reivindicaciones sociales necesarias que garanticen, la mayor cantidad de felicidad posible para toda la población.

En este nivel me incorporaré a través del parlamentarismo de calle y más aún a través del desarrollo del concepto del pueblo legislador, a la labor colectiva de crear desde la base, con la base y por la base, las leyes que hagan falta para apuntalar el proceso revolucionario.

Esta acción de amplio espectro, se irá construyendo sobre la marcha y en la medida de lo posible abarcará sin lugar a dudas una serie de aspecto de diferente índole que tienen que ver con las necesidades más sentidas de nuestra población y con las aspiraciones generales del colectivo en salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y recreación, entre otros aspectos.

2. Que propongo a nivel específico ?.

Propongo desarrollar una gestión sustentada sobre el Diálogo de Saberes en donde las comunidades tengan en mi labor legislativa un portavoz y un aliado para fomentar el desarrollo de propuestas normativas especificas, que impulsen desde la perspectiva del colectivo el cumplimiento del artículo 103 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que expone la obligatoriedad que tiene el Estado Venezolano de garantizar una educación universitaria integral y de calidad.

El artículo 103 por lo que he investigado, es único entre las constituciones al menos de América Latina y el mismo establece con rango constitucional, un desafío y un compromiso revolucionario, que amerita el desarrollo de nuevas leyes, reglamentos y normativas de las cuales adolecemos.

Por otro lado, la nueva Ley Orgánica de Educación recientemente aprobada, establece en su artículo 45, la creación de instancias a nivel municipal y local, por parte del Estado, que se responsabilicen y establezcan mecanismos de control que garanticen la calidad, institucional del sector universitario.

En nuestro país se han dado pasos en este sentido, como por ejemplo la propuesta hecha desde la OPSU desde el año 2005, de crear un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para las Universidades Nacionales SEA, pero estos intentos no han tenido el impacto necesario y se han quedado en alguna parte de lo planificado sin incidir verdaderamente en la garantía de la calidad institucional.

Parte del problema de la sustentabilidad de dichos intentos, fue que éstos se plantearon sin carácter obligatorio y dejaban a las universidades la potestad o no de realizar procesos de autoevaluación, ahora y gracias a la nueva Ley Orgánica el carácter es de obligatoriedad para todo el subsistema de educación universitaria.

Estos nuevos preceptos legales me refiero a los de la Constitución y los de la Ley Orgánica son el producto del espíritu revolucionario de nuestros actuales diputados y están en correspondencia con los principios fundamentales de corresponsabilidad, de ejercicio protagónico de la democracia socialista, de la equidad y pertinencia de la educación universitaria, por ende estos nuevos mecanismos de control son deber también y responsabilidad directa de la sociedad a través del poder popular.

Es decir, la participación de la comunidad organizada en el control de la actividad universitaria en sus diferentes funciones como lo son la docencia, la investigación y la extensión, es un proceso no solo inédito sino además obligatorio constitucionalmente. Esta participación protagónica es la única manera de garantizar el paso de una universidad excluyente, en el caso por ejemplo de las Nacionales Autónomas y de algunas Experimentales en manos de la contrarrevolución y de espaldas a las necesidades de las mayoría, a un sistema de educación universitaria comprometido y consustanciado con el Estado Socialista que estamos creando, que brinde apoyo decisivo a las políticas públicas impulsadas por nuestro comandante y presidente Hugo Chávez líder de la Revolución Bolivariana y reflejadas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar..

Todas estas ideas surgieron en nuestro continente en distintos momentos históricos a través de las ideas revolucionarias de diferentes ilustres pensadores como por ejemplo Simón Rodríguez con su educación para la ciudadanía, como Paulo Freire con su educación liberadora, como las ideas de la reforma de Córdova en Argentina con su educación corresponsable y de contacto directo y comprometido con la realidad y no como se nos ha pretendido hacer ver, que son ahora organismos internacionales dedicados a la educación superior como la IESALC de la UNESCO o el Banco Interamericano de Desarrollo el BID, que con bombos y platillos pretenden vendernos un refrito educativo harto conocido en nuestras latitudes y que ahora con el compromiso revolucionario venezolano se han convertido en ley.

En parte este camino a recorrer, lo han empezado ya las Universidades Bolivarianas con una propuesta incluyente a través de la Misión Sucre y las diferentes instituciones pertenecientes al grupo denominado ARBOL, sin embargo, hay que tener claro que no existe calidad sin equidad, pero tampoco existe equidad sin calidad, por lo tanto el asunto es para ser desarrollado por todo el sistema de educación universitaria venezolano, sin excepciones.

La tarea no es fácil, alguien dijo una vez que era más fácil mover una catedral que hacer cambiar a las universidades, pero debemos entender que no hay otra vía, la revolución educativa en todos los niveles es imprescindible, como lo ha expresado innumerables veces nuestro presidente, si queremos tener patria socialista tendremos que dar a luz a un hombre nuevo consustanciado y comprometido con la realidad nacional. Esta es una obligación para todo aquel que crea en el éxito del proyecto socialista venezolano.

Estoy a sus ordenes y pueden tener la seguridad, de que si soy favorecido con sus votos y que de llegar a ser su porta voz en la Asamblea Nacional, que continuaré la lucha revolucionaria desde mi curul, sin que este se convierta en una trampa burocrática o una palestra pública para el logro de objetivos ajenos a la lucha revolucionaria.

Atentamente.

Lermit Rosell Puche.

CI. 4793004

Cel.04123276973

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.

Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.